Republicanos demandan a BlackRock, Vanguard y State Street por prácticas anticompetitivas en inversión sostenible
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Demandas contra gigantes de inversión por prácticas en el mercado del carbón
Contexto de la demanda
Un grupo de once estados republicanos en Estados Unidos, liderados por Texas, ha decidido tomar acción legal contra tres de los más grandes gestores de inversiones: BlackRock, Vanguard y State Street. Estas entidades son acusadas de cooperar para limitar la competencia en el sector del carbón y de tomar decisiones que han impactado negativamente a los consumidores de energía.
Acusaciones formuladas
Los fiscales de los estados involucrados han presentado una demanda de 109 páginas. Se sostiene que las tres firmas han adquirido participaciones significativas en las principales empresas productoras de carbón de Estados Unidos, otorgándoles el poder para influir en las políticas de estas compañías. Los fiscales argumentan que, al ejercer su influencia, han buscado imponer una agenda que favorece la energía verde, presionando a los productores de carbón para que reduzcan su producción drásticamente.
Estrategias de presión
En 2021, estas tres gestoras de activos anunciaron un compromiso conjunto para presionar a las empresas carboneras a alinearse con sus objetivos de sostenibilidad. Los demandantes afirman que, al hacerlo, han creado un cártel de inversión que busca manipular el mercado del carbón y, en consecuencia, aumentar los precios de la electricidad para los ciudadanos estadounidenses.
Impacto en los consumidores
Los fiscales argumentan que esta manipulación del mercado ha llevado a un incremento en los costos de electricidad, afectando a miles de familias. Además, muchos inversores que optaron por fondos que no seguían criterios de inversión sostenibles se encontraron con que, a pesar de las promesas, sus inversiones estaban siendo gestionadas bajo esos mismos principios.
Violaciones legales
Los demandantes sostienen que las acciones de BlackRock, Vanguard y State Street constituyen una violación de las leyes federales que prohíben a un grupo de accionistas utilizar su influencia para disminuir la competencia. La demanda alega que esta restricción artificial en la oferta ha permitido que estas empresas obtengan ganancias extraordinarias a expensas de los consumidores.
Reacción del fiscal general de Texas
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha sido una de las voces más críticas en este asunto. Ha declarado que su estado no permitirá que la industria financiera sea utilizada como un instrumento para promover agendas ambientales que considera destructivas. Paxton califica las acciones de estas gestoras como un intento de manipular el mercado del carbón, perjudicando tanto a la producción de energía como a los consumidores.
Solicitudes de los estados demandantes
Los once estados que han presentado la demanda piden un juicio con jurado y acusan a las firmas de inversión de violaciones tanto a nivel federal como estatal. Además, buscan la implementación de medidas punitivas y compensatorias contra estas entidades.
Cambios en la industria financiera
La presión ejercida por los estados republicanos ya ha tenido efectos en la industria financiera. En febrero, varios gigantes financieros, incluidos JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco, decidieron reducir su vinculación con iniciativas como Climate Action 100, que se enfoca en la reducción de emisiones y el combate al calentamiento global.
Opiniones sobre la sostenibilidad
Las opiniones sobre las prácticas de inversión relacionadas con la sostenibilidad, especialmente en cuestiones climáticas, se han convertido en un tema polémico. Algunas entidades, como State Street, han señalado que estas prácticas pueden amplificar los riesgos de reputación y que ciertos cargos han sugerido que podrían dar lugar a violaciones de la ley, incluidas las leyes antimonopolio.
Advertencias de BlackRock
BlackRock ha advertido sobre el creciente escrutinio regulatorio en su informe anual de 2022, señalando que varios estados han propuesto o aprobado leyes que restringen o prohíben a entidades públicas realizar negocios con aquellas consideradas como boicoteadoras de ciertos sectores o que toman en cuenta criterios ESG en sus decisiones de inversión.
Implicaciones futuras
La situación actual plantea un futuro incierto tanto para las empresas de inversión como para los estados que han decidido actuar en contra de estas prácticas. La demanda y las acusaciones podrían abrir la puerta a un debate más amplio sobre el papel de las inversiones sostenibles y su impacto en el mercado energético y en la vida cotidiana de los ciudadanos.
