Investigación sobre privatización de TAP en 2015
Posibles Irregularidades en la Privatización de TAP: Un Análisis Exhaustivo
Contexto de la Privatización
En 2015, el gobierno portugués tomó la decisión de privatizar la aerolínea TAP, que enfrentaba una deuda significativa de 647 millones de euros. La elección recayó en un consorcio conocido como Atlantic Gateway, compuesto por los empresarios David Neeleman y Humberto Pedrosa. Este consorcio adquirió el 61% de la compañía utilizando fondos que fueron prestados por Airbus. Sin embargo, la reciente investigación realizada por la Inspección General de Hacienda ha revelado una serie de anomalías en este proceso, lo que ha generado preocupaciones sobre la legalidad y la ética de la privatización.
Revelaciones Impactantes
El informe de la Inspección ha salido a la luz en un momento crítico para el actual gobierno de Portugal, que se encuentra en medio de preparativos para una nueva venta de TAP. Esta aerolínea fue recomprada por el Estado en 2021 para evitar su quiebra tras los efectos devastadores de la pandemia. A pesar de haber recibido 3.200 millones de euros en ayudas públicas y un plan de reestructuración exhaustivo supervisado por la Unión Europea, TAP ha comenzado a mostrar signos de recuperación económica.
El documento revela que la privatización de 2015, aprobada por un gobierno del mismo partido que el actual, el Partido Social Demócrata (PSD), estuvo marcada por irregularidades que podrían tener graves consecuencias políticas. La entonces ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, fue una de las principales responsables de supervisar esta operación. Además, Miguel Pinto Luz, quien en ese momento era secretario de Estado de Infraestructuras, ahora ocupa el cargo de ministro de Infraestructuras y Vivienda, lo que lo convierte en un actor clave en la futura privatización de la aerolínea.
Detalles de la Privatización
El consorcio Atlantic Gateway fue creado el 19 de junio de 2015, y cuatro días después, se firmó un memorando de entendimiento entre DGN, la empresa de Neeleman, y Airbus para la compra de 53 aviones. El 12 de noviembre de 2015, se firmó el contrato de privatización de TAP en un evento privado en Lisboa. En este acuerdo, se estipuló que Atlantic Gateway aportaría 10 millones de euros inicialmente y 338 millones de euros adicionales en los siguientes meses.
Lo que resulta particularmente intrigante es que, el mismo día, Airbus firmó un contrato de venta de aviones a DGN y otorgó un préstamo de 202 millones de euros. Esto plantea serias dudas sobre la procedencia de los fondos utilizados para la capitalización de TAP, ya que los inspectores de Hacienda sugieren que las inyecciones de capital de Atlantic Gateway fueron, en realidad, derivadas de estos fondos de Airbus, lo que podría violar el Código de las Sociedades Comerciales.
Implicaciones Legales y Políticas
El informe de la Inspección General de Hacienda sugiere que las irregularidades en el proceso de privatización podrían llevar a la nulidad de los contratos firmados. Según el análisis, Atlantic Gateway alteró los compromisos establecidos en los estatutos de TAP, lo que podría tener repercusiones significativas tanto para la compañía como para los contribuyentes portugueses.
La presidenta del grupo parlamentario socialista, Alexandra Leitão, ha señalado que las conclusiones del informe confirman las sospechas de irregularidades en la privatización de 2015. El principal partido de la oposición ha solicitado comparecencias de varios actores involucrados en la operación, incluyendo al actual ministro de Infraestructuras.
Remuneraciones y Bonificaciones Sospechosas
Entre 2015 y 2020, se pagaron 4,3 millones de euros en remuneraciones y bonificaciones a los altos ejecutivos de TAP, incluyendo a Neeleman y Pedrosa. Estos pagos se realizaron a través de un contrato de servicios que, según los inspectores, no cumplía con su propósito original y se utilizó como un medio para eludir impuestos y contribuciones a la Seguridad Social.
Además, persisten dudas sobre los beneficiarios de varios contratos de consultoría suscritos entre TAP y empresas como Seabury Aviation Consulting y KPMG&Asociados, que suman un total de 11,7 millones de euros. La falta de claridad en la utilización de estos fondos añade otra capa de complejidad a la situación.
Inversiones Cuestionables
El informe también plantea serias dudas sobre la racionalidad económica de las decisiones de TAP de invertir en empresas del sector aeronáutico en Brasil. Estas inversiones, que alcanzaron los 906 millones de euros hasta 2023, se consideran de alto riesgo y se prevé que generen pérdidas significativas. La falta de un plan claro para compartir riesgos con otros socios ha sido un punto crítico en la evaluación de estas decisiones.
Conclusiones y Futuro
Las revelaciones sobre la privatización de TAP en 2015 han sacudido el panorama político en Portugal. La posibilidad de que se hayan cometido irregularidades graves plantea interrogantes sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión de empresas públicas. A medida que el gobierno se prepara para una nueva privatización, la presión para garantizar un proceso claro y justo se intensificará.
La investigación de la Fiscalía, que se inició en 2023, se verá ahora enriquecida por el informe de Hacienda, lo que podría llevar a un examen más profundo de las decisiones tomadas en 2015. La situación sigue evolucionando, y las implicaciones políticas y económicas de este caso podrían resonar durante mucho tiempo en el futuro de TAP y en la confianza del público en la gestión gubernamental.
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