Gobierno multa a cinco aerolíneas con 179 millones de euros por prácticas abusivas contra consumidores
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Multa Millonaria a Aerolíneas por Prácticas Abusivas en España
Un Golpe al Sector Aéreo
El Gobierno español ha impuesto una sanción de 179 millones de euros a cinco aerolíneas prominentes en el país: Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea. Esta medida, tomada por el Ministerio de Consumo, responde a prácticas abusivas que afectan a los consumidores.
Prácticas Denunciadas
Las prácticas identificadas incluyen:
- Cobros por equipaje de mano que se lleva a la cabina.
- Cargos adicionales por selección de asientos contiguos, especialmente al viajar con menores o personas que requieren asistencia.
- Falta de claridad sobre el precio final del servicio antes de la contratación.
- Prohibición del pago en efectivo al adquirir billetes en los aeropuertos.
Particularmente, Ryanair ha sido señalada, ya que se le atribuye el 60% de la multa total por la imposición de tarifas por la impresión de billetes en sus terminales.
El Origen de la Sanción
La resolución, adelantada por Cadena SER, concluye un expediente sancionador iniciado en junio de 2023 por la Secretaría General de Consumo. Este expediente había generado preocupación entre las aerolíneas de bajo costo, que fueron advertidas sobre la posibilidad de sanciones severas. En mayo, el Ministerio de Consumo indicó que las multas podrían superar los 150 millones de euros.
A pesar de los recursos de casación presentados por las aerolíneas, estos no tuvieron éxito, lo que abre la puerta a una batalla legal que se espera inicie en dos meses ante la Audiencia Nacional.
Reacción de las Aerolíneas
Las aerolíneas afectadas han manifestado su intención de impugnar la sanción, alegando que no modificarán sus políticas comerciales a menos que un tribunal lo ordene. La multa más alta corresponde a Ryanair, que deberá pagar 107,7 millones de euros, seguida de Vueling con 39,2 millones, Easyjet con 29,1 millones, Norwegian con 1,6 millones y Volotea con 1,2 millones.
Defensa de los Derechos de los Consumidores
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha declarado que ninguna aerolínea está por encima de la ley y que no se tolerarán modelos de negocio que violen los derechos de los consumidores. Según el Ministerio, la sentencia de la justicia europea de 2014 establece que las aerolíneas deben permitir el equipaje de mano sin costo adicional.
Apoyo de las Asociaciones de Consumidores
Las asociaciones de consumidores, como Facua y OCU, han acogido la resolución como una victoria contundente. Durante la anterior legislatura, el Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, había iniciado el expediente sancionador tras recibir competencias para imponer multas gracias a una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Normativa Europea y Argumentos de las Aerolíneas
El Reglamento UE1008/2008 permite a las aerolíneas establecer tarifas, pero no les otorga el derecho de cobrar por el equipaje de mano. Las aerolíneas argumentan que la imposibilidad de facturar equipaje podría llevar a la desaparición de tarifas básicas más económicas. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), ha calificado la decisión como manifiestamente ilegal y ha insistido en que no se pagará ninguna multa hasta que se emita una sentencia judicial.
Implicaciones para los Pasajeros
Las aerolíneas advierten que 50 millones de pasajeros que viajan sin trolley en cabina podrían verse obligados a pagar un cargo adicional por un servicio que no necesitan. Esto podría afectar a los pasajeros que dependen de tarifas más económicas, ya que la imposibilidad de facturar equipaje podría resultar en un aumento de precios.
La Respuesta de Ryanair
Desde la sede de Ryanair en Dublín, se ha ordenado la apelación inmediata de lo que consideran multas ilegales e infundadas. El CEO de la compañía, Michael O’Leary, ha afirmado que las políticas de equipaje de Ryanair han sido aprobadas en múltiples ocasiones por tribunales españoles y europeos, calificando la acción del Gobierno como un inventario político que infringe la legislación de la UE.
