Francia busca un esfuerzo colectivo para ahorrar 60000 millones de euros y sanear sus finanzas públicas
Francia Lanza un Llamado a la Acción Colectiva para Ajustar sus Finanzas Públicas
Francia se enfrenta a un desafío monumental en sus finanzas públicas, y su primer ministro, Michel Barnier, ha hecho un llamado a la nación para que se una en un esfuerzo colectivo. La meta es alcanzar un ajuste de 60.000 millones de euros que permita sanear las arcas del Estado y limitar el déficit al 5% del PIB para el año 2025.
Detalles del Plan de Ajuste
El plan del Gobierno francés incluye drásticos recortes en el gasto público, que suman 40.000 millones de euros, así como un aumento de 20.000 millones de euros en impuestos. Este enfoque, según el ministro del Presupuesto, Laurent Saint-Martin, es inédito y, aunque se espera que todos contribuyan, no todos lo harán de la misma manera.
El proyecto de ley que contiene estas medidas comenzará su recorrido legislativo a mediados de este mes. Sin embargo, se anticipa que el proceso será complicado, dado que el Gobierno no cuenta con una mayoría absoluta en el Parlamento y enfrenta una situación política frágil.
Recortes en el Sector Público
Para alcanzar el ajuste necesario, el Gobierno tiene previsto eliminar 2.201 puestos de funcionarios y 4.000 profesores en el sector de la educación pública. También se contemplan reducciones en los presupuestos de varios ministerios, incluyendo el de Deportes y el de Justicia, tras la celebración de los Juegos Olímpicos en París.
Una de las decisiones más controvertidas es el retraso de seis meses en la revalorización de las pensiones, lo que ha generado críticas, especialmente entre los jubilados de bajos ingresos. Además, se planea reducir la contribución del Gobierno a las estructuras locales, como los Ayuntamientos, en 5.000 millones de euros.
Aumento de Impuestos para Grandes Empresas y Ricos
En cuanto a los ingresos, el Gobierno ha solicitado una “contribución excepcional” de aproximadamente 400 empresas que generan más de 1.000 millones de euros al año. Estas empresas deberán pagar un complemento adicional sobre sus beneficios en Francia durante los años 2024 y 2025, lo que se espera que aporte 12.000 millones de euros a las arcas públicas.
Adicionalmente, se prevé un aumento de impuestos para los hogares que ganen más de 500.000 euros anuales en pareja, o 250.000 euros si son individuales. Esta medida afectará a 65.000 contribuyentes durante tres años, con una imposición mínima del 20%. El Ministerio de Economía estima que esta acción generará 2.000 millones de euros anuales.
Enfrentando la Deuda Pública
La situación financiera de Francia es crítica. A finales de junio, la deuda pública alcanzó el 112% del PIB, y se prevé que el déficit se eleve al 6,1% este año. Barnier ha advertido que la credibilidad de Francia en los mercados internacionales está en juego, y busca implementar un esfuerzo que sea justo y equilibrado.
La Comisión Europea ya ha abierto un expediente a París por déficit excesivo, lo que añade presión sobre el Gobierno para que actúe con rapidez y eficacia.
Un Proyecto Controversial
El proyecto de presupuestos que se ha presentado es considerado uno de los más difíciles de los últimos años, no solo por el esfuerzo fiscal que implica, sino también por la inestabilidad política del país. El borrador fue entregado con nueve días de retraso, y el nuevo Gobierno, que asumió en septiembre tras las elecciones anticipadas de julio, solo tuvo 20 días para redactarlo.
Las críticas no se han hecho esperar. El diputado del Reagrupamiento Nacional, Jean-Philippe Tanguy, ha señalado que el proyecto está “muy lejos” de lo que se esperaba, calificándolo de “absolutamente desigual”. Por su parte, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), el principal sindicato del país, ha expresado que aunque comprende la necesidad de realizar esfuerzos, considera incoherente eliminar 4.000 puestos de profesores.
El Futuro del Proyecto
Barnier ha manifestado su deseo de que el proyecto sea adoptado por la Asamblea Nacional, y ha indicado que si no se logra, utilizará el artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar textos por decreto. Sin embargo, esta decisión podría llevar al Gobierno a enfrentar otra moción de censura, lo que se convertirá en una cuestión crítica en las próximas semanas.
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