La Administración de Biden amenaza con demandar a Texas por ley antiinmigrante

La Administración de Joe Biden ha anunciado su intención de demandar al estado de Texas por la aprobación de la ley SB4, una de las normas más estrictas de Estados Unidos en contra de la inmigración irregular. La ley, firmada por el gobernador Greg Abbott el 18 de diciembre, permite a las autoridades detener e iniciar procesos de deportación a cualquier persona sin papeles. A pesar de que la norma entrará en vigor el 5 de marzo, el Gobierno federal considera que viola la Constitución y está dispuesto a recurrir a los tribunales si comienza a regir.

Amenaza de demanda

El Departamento de Justicia ha enviado una carta a las autoridades de Texas, en la que solicita que se abstengan de poner en práctica la SB4 debido a su inconstitucionalidad y el impacto que tendrá en las operaciones del Gobierno federal. La carta, firmada por el fiscal Brian Boynton, mano derecha del fiscal general Merrick Garland, exige una respuesta por parte de las autoridades locales antes del 3 de enero de 2024. El Departamento de Justicia considera que la norma otorga a las autoridades locales funciones que la Constitución reserva a funcionarios federales, como regular la inmigración y controlar las fronteras internacionales.

Disputa entre Washington y Texas

El centro de la disputa entre Washington y las autoridades estatales radica en el papel que tendrá la policía de Texas si la norma se promulga. La ley crea nuevos delitos para quienes ingresen a la entidad de forma ilegal y no tengan la ciudadanía estadounidense. Además, pone en marcha un sistema que permite a los jueces locales iniciar los procesos de deportación de los inmigrantes. El Departamento de Justicia argumenta que la norma interfiere con el proceso que las autoridades federales siguen a los inmigrantes y entorpece algunos de los derechos que los recién llegados a Estados Unidos tienen, como la posibilidad de solicitar asilo para evitar ser devueltos a sus países para ser perseguidos o torturados.

Antecedente en Arizona

El Departamento de Justicia cita el caso de la ley SB170, aprobada por un Gobierno ultraconservador de Arizona en 2010 para incrementar la detención de inmigrantes, como antecedente. Esta norma fue combatida en los tribunales por la Administración de Obama y a lo largo de los años recibió varios reveses judiciales que la convirtieron en poco más que letra muerta. La conclusión del largo proceso judicial, que llegó al Supremo en 2012, subrayó los amplios poderes del Gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.

Respuesta del gobernador Abbott

El gobernador Abbott ha respondido a la amenaza de demanda por parte del Gobierno federal, expresando su sorpresa ante la “hostilidad ante la legalidad” por parte de la Administración de Biden. Abbott ha sido conocido por su postura enérgica en contra de la inmigración irregular, habiendo implementado medidas polémicas como enviar a cientos de personas a ciudades gobernadas por demócratas y la instalación de un muro flotante en el río Bravo, además de cercar con alambre de púas la frontera. El Gobierno federal ha recurrido a los tribunales para frenar algunas de estas estrategias.

Impacto en las relaciones exteriores

El Gobierno de Biden reconoce en la carta el malestar que la nueva ley ha despertado entre el Gobierno de México. El gobernador Abbott pretende devolver a territorio mexicano a quienes cruzan ilegalmente a Estados Unidos, sin importar si son o no ciudadanos de ese país. La Administración de Biden considera que la SB4 también regula de manera inapropiada el movimiento de las personas a través de fronteras internacionales, lo que socava las relaciones exteriores de Estados Unidos.

En resumen, la Administración de Biden ha amenazado con demandar a Texas por la ley SB4, argumentando que es inconstitucional y afectará las operaciones del Gobierno federal. Esta amenaza ha desencadenado una disputa legal que seguramente será una de las grandes batallas legales de 2024.