El bufete Cremades recibió 17 millones para indemnizar pasajeros, pero miles no eran válidos

El escándalo de las indemnizaciones aéreas: Un análisis exhaustivo

Contexto del caos aéreo de 2010

En diciembre de 2010, España enfrentó un caos aéreo que afectó a miles de pasajeros debido a una huelga de controladores aéreos. Este evento no solo provocó la interrupción de vuelos, sino que también generó una serie de implicaciones legales y financieras que aún resuenan en la actualidad. A raíz de esta crisis, se establecieron acuerdos que han sido objeto de controversia y análisis.

Los acuerdos secretos de indemnización

El bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo recibió un total de 17 millones de euros en 2019 como parte de un acuerdo confidencial con el sindicato mayoritario de controladores aéreos, USCA. Este pago se realizó con el propósito de indemnizar a 12,138 pasajeros que supuestamente habían sido afectados por el caos aéreo. Sin embargo, la validez de muchas de estas reclamaciones ha sido cuestionada.

Irregularidades en las reclamaciones

Un análisis realizado por el sindicato minoritario Spica reveló que aproximadamente 3,711 de los 6,249 pasajeros incluidos en la lista presentada por Cremades eran falsos o no tenían derecho a compensación. Esto representa un alarmante 60% de la muestra analizada, lo que sugiere que una gran parte de los pasajeros indemnizados no cumplía con los criterios necesarios para recibir el reembolso.

Entre las reclamaciones se encontraron vuelos que ni siquiera sobrevolaron el espacio aéreo de Madrid, así como billetes que eran evidentemente ficticios. Por ejemplo, se presentó una viñeta de Mortadelo y Filemón como si fuera un billete electrónico legítimo. Este tipo de irregularidades ha llevado a cuestionar la credibilidad del proceso de indemnización.

El papel del sindicato USCA

El sindicato USCA se vio envuelto en una situación compleja. Durante cinco años, recolectaron fondos de sus casi 2,000 afiliados, quienes contribuyeron con cantidades que oscilaban entre 5,000 y 20,000 euros. Sin embargo, el sindicato no verificó adecuadamente la veracidad de los datos proporcionados por Cremades, lo que resultó en una falta de transparencia en el proceso.

El acuerdo estipulaba que USCA renunciaba a reclamar cualquier cantidad futura relacionada con las indemnizaciones, lo que significa que no podrían recuperar el capital de los pasajeros que no tenían derecho a recibir compensación. Esta decisión ha generado críticas y descontento entre los afiliados del sindicato.

La gestión de los fondos

Cremades afirmó haber pagado 9.3 millones de euros a 7,863 pasajeros, y que aún quedaban 5 millones pendientes de adjudicar. Sin embargo, muchos de los pasajeros reales no han recibido sus compensaciones, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de los fondos. El bufete sostiene que es “imposible” que se incluyeran pasajeros falsos, ya que estos firmaron un poder notarial a favor de Cremades.

Además, el acuerdo incluía un fondo de 3.2 millones de euros destinado a cubrir posibles reclamaciones futuras, lo que indica que el bufete tenía la intención de atender a nuevos pasajeros que pudieran surgir años después del incidente. Sin embargo, este fondo ha sido administrado exclusivamente por los abogados de Cremades, y USCA ha renunciado a ser informado sobre su uso.

Consecuencias legales y absoluciones

Los 124 controladores aéreos que fueron juzgados por su papel en el caos aéreo lograron evitar sanciones gracias a estos acuerdos. Sin embargo, en un giro inesperado, en 2022, la Audiencia de Madrid absolvió a todos los controladores en segunda instancia, lo que dejó a muchos preguntándose sobre la validez de los acuerdos alcanzados.

El presidente de USCA, Pedro Gragera, ha alegado que Cremades ejerció una presión considerable durante la negociación del acuerdo, lo que llevó a una aceptación que resultó ser perjudicial para los afiliados del sindicato.

La situación actual

Cinco años después de los acuerdos, aún hay 641 pasajeros que no han recibido sus compensaciones a pesar de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que recibió 2.8 millones de euros para indemnizar a 2,440 pasajeros, ha pagado una parte significativa de las reclamaciones. La OCU asegura que no cobra comisiones por gastos de gestión, lo que ha generado más preguntas sobre la distribución de los fondos.