La Consolidación del Poder de Ortega y Murillo en Nicaragua

La Nueva Constitución y sus Implicaciones

Recientemente, Nicaragua ha sido testigo de cambios profundos en su estructura de poder. Daniel Ortega y Rosario Murillo han implementado reformas que afectan la Constitución y reconfiguran las fuerzas armadas y la policía del país. Estos cambios son percibidos como un intento de consolidar una dictadura familiar que busca perpetuarse en el poder.

Apenas tres días después de realizar una reforma constitucional que asegura su dinastía, el Parlamento sandinista anunció modificaciones al Código Militar y a la Ley de la Policía Nacional. Estas reformas extienden el período de mandato de los jefes de las fuerzas armadas, incrementando su duración de cinco a seis años, lo que ha despertado la preocupación de los opositores, quienes afirman que estos cambios son parte de un modelo totalitario adaptado a un nuevo marco legal.

Control Absoluto sobre las Fuerzas Armadas

Las reformas propuestas otorgan a Ortega un control sin precedentes sobre la policía y el ejército. Ahora, el presidente puede nombrar al comandante en jefe del ejército y al director de la policía, además de extender los mandatos de estos funcionarios a su conveniencia, justificando sus decisiones bajo el pretexto de “intereses de la nación”.

El actual director de la policía, el comisionado general Francisco Díaz, ha estado en su puesto desde agosto de 2018, coincidiendo con un periodo de represión violenta durante las protestas antigubernamentales, lo que ha llevado a expertos de la ONU a catalogar las acciones de la policía como crímenes de lesa humanidad.

La Ilusión de la Independencia

A pesar de que el Código Militar establece que ningún familiar del presidente o del vicepresidente puede ser nombrado comandante en jefe del ejército, en la práctica, el general Julio César Avilés ha operado bajo la influencia de Ortega y Murillo. Durante 16 años, ha mantenido su posición, lo que genera dudas sobre la verdadera independencia de las fuerzas armadas.

Los cambios a la Constitución han llevado a una reconfiguración de las fuerzas armadas y a la institucionalización del control de Ortega y Murillo. Al declarar a Nicaragua como un Estado revolucionario y socialista, se establece una copresidencia que resuelve la cuestión de la sucesión familiar. Esto convierte a Nicaragua en un país único, con dos presidentes en funciones, algo denunciado por opositores que temen represalias.

Nuevas Atribuciones para la Copresidencia

La reforma constitucional también permite a Ortega y Murillo designar a los vicepresidentes sin necesidad de elecciones populares, interpretándose como un intento de incluir a sus hijos en la línea de sucesión. Así, la pareja presidencial busca ampliar su poder, extendiendo su mandato de cinco a seis años y asegurando control total sobre el Estado.

El nuevo artículo 132 de la Constitución establece que la Presidencia coordina todos los órganos del gobierno, desde el legislativo hasta el judicial, incluyendo la facultad de nombrar y destituir ministros y directores de entidades gubernamentales. De esta manera, Ortega y Murillo consolidan aún más su poder, que ya era de facto.

Legalización de la Represión

Los cambios en la Constitución afectan a más de un centenar de artículos, legalizando la existencia de paramilitares y permitiendo al ejército y a la policía reprimir a los opositores políticos. Además, se establece la posibilidad de despojar de la nacionalidad a críticos considerados “traidores a la patria”, creando un ambiente de miedo y represión en el país.

Un grupo de opositores en el exilio ha denunciado que estas reformas constituyen un autogolpe de Estado. Según ellos, bajo la apariencia de una reforma parcial, se está llevando a cabo una nueva constitución, algo que debería ser competencia exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente. Las reformas alteran derechos fundamentales y modifican el carácter de instituciones clave como el ejército y la policía.

La Ley de Protección ante Sanciones

En medio de estas reformas, Ortega y Murillo han aprobado la Ley de Protección ante Sanciones y Agresiones Externas. Esta normativa pone al sistema financiero nacional en una situación delicada, ordenando a los bancos ignorar sanciones futuras y reabrir cuentas de funcionarios sancionados. Esto podría convertir a Nicaragua en un Estado forajido en el ámbito financiero, con consecuencias graves para su economía.

El investigador Manuel Orozco ha señalado que estas acciones hacen de Nicaragua un lugar de alto riesgo financiero. La ley amenaza con encarcelar a quienes cumplan con normativas internacionales relacionadas con sanciones, lo que podría llevar a un aislamiento aún mayor del país.

La Resistencia Opositora

A pesar de la represión y la consolidación del poder por parte de Ortega y Murillo, existe una resistencia entre los opositores. Muchos prefieren permanecer en el anonimato debido al temor a represalias, pero su mensaje es claro: Nicaragua no puede convertirse en un país donde se institucionalice la dictadura familiar.

Los opositores exiliados continúan denunciando la situación y abogando por el restablecimiento de la democracia en el país. A medida que Ortega y Murillo consolidan su poder, la lucha por la libertad y la justicia en Nicaragua sigue viva. La comunidad internacional observa con atención, esperando que la voz del pueblo nicaragüense sea escuchada y que se logre un cambio significativo en el futuro.

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