Telefónica obtiene fallo favorable y recuperará cerca de 500 millones de euros del Estado colombiano

Telefónica y su Ganancia en el Arbitraje con Colombia

Contexto del Litigio

Telefónica, la conocida compañía de telecomunicaciones española, ha logrado un importante triunfo en un arbitraje que data de hace 30 años contra el Estado colombiano. Este conflicto se originó por decisiones del gobierno colombiano que afectaron las inversiones de la empresa en el país. La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha determinado que Colombia debe devolver a Telefónica aproximadamente 500 millones de euros.

Detalles del Fallo

El tribunal arbitral, conformado por tres miembros y establecido en febrero de 2018, ha dictaminado que el gobierno colombiano incumplió su obligación de proporcionar un trato justo y equitativo a las inversiones de la empresa. Se ordena que Colombia reembolse a Telefónica 379,8 millones de dólares (equivalentes a 357,6 millones de euros), además de los intereses acumulados desde 2018 y los costos judiciales, elevando la cifra total a cerca de 500 millones de euros.

Orígenes del Conflicto

La disputa se remonta a un laudo arbitral en julio de 2017, donde se condenó a ColTel, la filial de Telefónica, a pagar 1.652 millones de pesos colombianos (aproximadamente 462,5 millones de euros) por los activos utilizados en la implementación de la telefonía móvil en el país desde 1994. En ese mismo laudo, se condenó a Claro, una compañía perteneciente a Carlos Slim, a pagar 3.100 millones de pesos (cerca de 875 millones de euros).

El gobierno colombiano argumentó que, con el final de la concesión, ambas empresas debían reintegrar no solo el valor del espectro radioeléctrico, sino también toda la infraestructura proporcionada por el Estado. Sin embargo, las mejoras en esta infraestructura habían sido financiadas por las propias compañías.

Participación de Telefónica en ColTel

En el momento del conflicto, Telefónica poseía el 67,5% de ColTel, mientras que el 32,5% restante pertenecía al Estado colombiano. Esto significaba que la cantidad que debía pagar Telefónica rondaba los 270 millones de euros. Para afrontar esta sanción, la empresa tuvo que realizar una ampliación de capital en su filial colombiana.

Contratos de Concesión

En 1994, el gobierno colombiano firmó contratos de concesión con Telefónica y Claro para la prestación de servicios de telefonía móvil. Estos contratos incluían una cláusula de reversión de activos. Sin embargo, en 1998, el gobierno emitió una ley que eliminó dicha cláusula, permitiendo a las operadoras realizar las inversiones necesarias para el despliegue de redes y mejoras en el servicio.

Revisión de la Contraloría

En 2013, la Contraloría General de la República de Colombia revisó el asunto y determinó que las leyes promulgadas debían mantenerse vigentes, pero también se debía respetar la cláusula de reversión de los contratos de concesión firmados antes de la implementación de esas normas. Este hallazgo llevó a la Cámara de Comercio de Bogotá a fallar a favor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en mayo de 2021, obligando a Telefónica a buscar un arbitraje en el Ciadi.

El Proceso Arbitral

El proceso arbitral fue presidido por el brasileño José Emilio Nunes Pinto, con la participación del coárbitro argentino Horacio Grigera, designado por Telefónica, y el francés Yves Derains, elegido por Colombia. Este tribunal evaluó las circunstancias y la legalidad de las decisiones tomadas por el gobierno colombiano en relación con las inversiones de Telefónica.

Comparación con el Caso de Claro

En un caso similar en 2021, el Ciadi falló a favor de Colombia en su litigio con Claro, evitando que esta empresa devolviera 1.286 millones de dólares. La diferencia en los fallos se debió a que Telefónica realizó su inversión bajo un tratado de libre comercio que ofrecía mejores garantías para la protección de inversiones, mientras que Claro lo hizo bajo un tratado que brindaba menos protección.

Implicaciones para el Futuro

Este fallo no solo representa una victoria financiera para Telefónica, sino que también establece un precedente importante en la relación entre las empresas extranjeras y los gobiernos latinoamericanos. La decisión del Ciadi resalta la necesidad de que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de inversión y trato justo, lo que podría influir en futuras inversiones en la región.

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