Bruselas demanda a España por no aplicar el impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas
Bruselas lleva a España ante el Tribunal Europeo
La Comisión Europea ha tomado una decisión significativa al llevar a España, junto a otros tres países, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este paso se debe a la falta de implementación del tipo mínimo de sociedades del 15%, una medida destinada a las grandes empresas y multinacionales. Esta directiva fue aprobada en diciembre de 2022 y debía ser adoptada en las legislaciones nacionales antes del 1 de enero de este año.
La situación actual de España
A pesar de que España, junto con Chipre, Portugal y Polonia, no ha notificado a la Comisión que ha cumplido con este requisito, el Gobierno español se encuentra actualmente en el proceso de aprobación de la normativa necesaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha solicitado calma y ha afirmado que la ley será aprobada antes de que finalice el año.
Contexto internacional
A finales de 2021, más de 140 países llegaron a un acuerdo, facilitado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para establecer un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades. Este acuerdo busca limitar la competencia fiscal a la baja y evitar que las grandes corporaciones desvíen sus beneficios a paraísos fiscales. La Unión Europea también se ha alineado con este movimiento, desarrollando su propia directiva que fue aprobada a pesar de las objeciones de algunos Estados miembros, como Irlanda y Hungría.
Retrasos en la implementación
Cada Estado miembro tiene la responsabilidad de adaptar esta directiva a su legislación nacional, y España ha mostrado un notable retraso en este proceso. La inestabilidad política del país, marcada por elecciones repetidas el año pasado y una compleja aritmética parlamentaria, ha contribuido a este estancamiento. Aunque el Gobierno de coalición aprobó un anteproyecto de ley en diciembre, la falta de avances ha provocado la reacción de Bruselas, que ya había advertido a España y otros países incumplidores.
Advertencias de la Comisión Europea
En un documento emitido por la Comisión, se destacó que todos los Estados miembros debían implementar las leyes necesarias para cumplir con la directiva del pilar 2 antes del 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, España, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal aún no han notificado las medidas adoptadas. La Comisión ha dado a estos países un plazo de dos meses para responder y tomar las acciones necesarias; de lo contrario, se podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Impuesto mínimo en España
En 2022, España implementó un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas. Sin embargo, este impuesto es diferente al que se propuso a nivel internacional, ya que se calcula sobre una base imponible distinta. En el caso español, la base imponible se determina tras aplicar ajustes sobre las ganancias corporativas, mientras que la fórmula acordada por la Comisión se basa en el resultado contable ajustado, un indicador más cercano a los beneficios reales de las empresas.
Alcance del tipo mínimo comunitario
El tipo mínimo propuesto por la Unión Europea está diseñado para aplicarse únicamente a las grandes corporaciones, aquellas que tienen ingresos consolidados iguales o superiores a 750 millones de euros y que cuentan con una sociedad matriz o filial en un Estado miembro. Este impuesto tiene como objetivo establecer un suelo de tributación que impida la competencia desleal entre países.
Reglas interconectadas del impuesto
La directiva establece que este impuesto “complementario” se basa en dos reglas interconectadas: la inclusión de rentas y la de beneficios insuficientemente gravados. La primera regla implica que la matriz de un grupo residente en España deberá calcular y pagar una cuota complementaria sobre lo que obtiene en países con niveles impositivos inferiores al 15%. La segunda regla se aplicaría solo si la primera no es suficiente.
Implicaciones para España
La falta de cumplimiento por parte de España no solo podría acarrear sanciones financieras, sino que también podría afectar la reputación del país en el ámbito internacional. Además, la presión de Bruselas podría forzar al Gobierno a acelerar el proceso de implementación de la normativa, lo que podría tener repercusiones en la economía del país.
Un futuro incierto
A medida que se acercan las fechas límite y la presión de la Comisión Europea aumenta, la situación en España sigue siendo incierta. La ministra Montero ha insistido en que el Gobierno está comprometido a cumplir con la directiva, pero la falta de avances claros plantea dudas sobre si se lograrán los objetivos establecidos.
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